Por Juan Antonio Cabrera Montero
El 11 de octubre de 1962 se inauguraba en la basílica de San Pedro del Vaticano el vigésimo primer concilio ecuménico de la Iglesia católica. En una época en la que todo es histórico, en la que cada acontecimiento, por banal que sea, es considerado trascendental, el recuerdo de la celebración del Vaticano II puede no alcanzar el significado que realmente posee. No exageran quienes lo definen como un nuevo Pentecostés o como una brújula que orienta a la Iglesia en su actual tarea evangelizadora.
El 25 de enero de 1959, cuando no se habían cumplido siquiera tres
meses del inicio de su pontificado, Juan XXIII transmitió a un pequeño
grupo de cardenales su intención de convocar un concilio general que
atendiera la urgente necesidad de replantear algunas formas anticuadas
de exposición doctrinal y de proporcionar nuevas directrices de
disciplina eclesiástica. El Papa bueno, experto conocedor de la
historia de la Iglesia, sabía que aquélla era la mejor herramienta, no
exenta de riesgos, para lograr una verdadera renovación de la vida
eclesial.
El camino no fue fácil. A las dificultades logísticas y organizativas
de una asamblea tan numerosa de obispos, expertos y observadores se
añadieron las insidias de no pocos miembros de la curia romana, que
intentaron frenar o al menos obstaculizar su celebración. Entonces –como
ahora– abundaban los "profetas de calamidades" a los que hizo
referencia Juan XXIII en su discurso de inauguración.
Los malos augurios que presagiaban sus detractores no minaron el ánimo
del Papa, que, como afirmó en la constitución apostólica Humanae Salutis,
por la que se convocaba el Vaticano II, siempre creyó "vislumbrar, en
medio de tantas tinieblas", no pocos indicios que le hacían concebir
"esperanzas de tiempos mejores para la Iglesia y la humanidad".
Siguiendo la máxima teológica Ecclesia semper reformanda est,
no siempre fácil de interpretar y aplicar, Juan XXIII se opuso tanto a
un modelo conciliar de lucha –Trento– como a uno de resistencia y
oposición al mundo moderno –Vaticano I–. Su intención fue renovar la
Iglesia, purificarla, interpretar adecuadamente los signos de los
tiempos, establecer un diálogo sincero con la sociedad contemporánea sin
traicionar el Evangelio ni renunciar a la riqueza de la Tradición y
allanar el camino de la unidad con las comunidades cristianas no
católicas.
La convocatoria del concilio había sorprendido a muchos dentro y fuera
de la Iglesia, si bien es cierto que en el pontificado de Pío XII se
habían producido los primeros pasos pro reforma, importantes aunque
tímidos. Más sorprendente aún fue el desarrollo de la asamblea
conciliar. La libertad con la que se desarrollaron los debates
constituye un modelo de cómo una institución tan jerarquizada como la
Iglesia católica es capaz de lograr el objetivo de reformarse sin
traicionarse a sí misma ni desmoronarse. Se votaron todos y cada uno de
los pasos que se daban, tanto los meramente formales o metodológicos
como los doctrinales. Cada uno de los documentos que aprobó el concilio
fue sometido a votaciones parciales y totales, no sólo en su redacción
definitiva sino en sus esquemas previos. Ni Juan XXIII ni su sucesor,
Pablo VI, obstaculizaron el libre debate en las asambleas plenarias y en
las reuniones de las diferentes comisiones que estudiaban y preparaban
los textos.
Se logró así un corpus de documentos que configuró, a partir de entonces, la Iglesia contemporánea: cuatro constituciones
que representan, en cierta manera, el armazón de las enseñanzas
conciliares sobre la revelación divina, la liturgia, la propia Iglesia y
la presencia de ésta en el mundo contemporáneo; nueve decretos
que tratan temas más delimitados: los medios de comunicación social, el
episcopado, el ministerio y la vida sacerdotal, la formación
sacerdotal, el apostolado laical, la renovación de la vida consagrada,
el ecumenismo, las Iglesias orientales y la actividad misionera de la
Iglesia; y tres declaraciones, un tipo de documento inédito hasta
entonces en la tradición conciliar que está destinado a toda la
humanidad y no solamente a los fieles católicos: sobre la educación
cristiana, sobre la libertad religiosa y sobre las relaciones de la
Iglesia con las religiones no cristianas.
La clausura oficial del concilio, en 1965, no supuso el final del
mismo. Un acontecimiento de estas características no tiene su objeto en
sí mismo, sino en la propia vida de la Iglesia. Fue a partir de
entonces, en el período de recepción de las conclusiones, cuando las
enseñanzas se hicieron efectivas. La historia enseña que la aceptación
de un concilio no es automática, que se requiere un período de
explicación y asimilación. Nunca es fácil, tampoco lo fue en aquella
ocasión: a las circunstancias sociales, tan traumáticas a finales de los
años 60, se unieron las divergencias en el seno de la Iglesia entre
aquellos a quienes el concilio les supo a poco, aquellos que sintieron
cómo la Iglesia se había traicionado a sí misma y aquellos que
permanecieron indiferentes. Si se pregunta acerca de las novedades que
introdujo, a menudo sólo se señala la reforma litúrgica –que por otra
parte había ya comenzado en tiempos de Pío XII– y se dejan de lado dos
aspectos realmente importantes: uno ad extra, el nuevo modelo de relación entre la Iglesia y el mundo contemporáneo, y otro ad intra, la reforma de la propia vida eclesial.
El período de crisis que siguió al concilio indica la magnitud de las
reformas adoptadas. Cincuenta años más tarde se constata que su riqueza
aún no se ha agotado y que queda mucho por aprender de él, conociéndolo y
poniéndolo en práctica.
Vía libertaddigital.com



















