Varios relojeros trabajan en un taller estatal en La Habana. El gobierno de Cuba anunció que iniciará de inmediato cambios en la política de empleo que pasan, entre otras medidas, por la reducción de más de 500.000 trabajadores en el sector estatal hasta el primer semestre de 2011. (Foto EFE)
Nota del bloguista: El regimen castrista repite la misma jugada cada vez que la economia se encuentra al borde de quebrantar totalmente como sucedio al principio de la decada de los '80 y a mediados de la decada de los '90.
Por Hernán Yanes*
El Pronunciamiento de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) de septiembre 13 de 2010, anuncia oficialmente el inicio de los despidos masivos en la Isla. Se trata de durísimas políticas de ajuste estructural, sin que concurran las necesarias medidas de compensación social. De ser llevado a una completa ejecución, este ajuste cubano sería incomparablemente peor que los efectuados en China o Vietnam, pues ni siquiera en la Isla se está planteando la creación de un auténtico mercado interno. De empresas privadas, de nacionales que vayan más allá de minúsculos timbiriches de trabajadores por cuenta propia. Que alcancen la suficiente envergadura y autonomía para generar medios y recursos y operar de manera efectiva.
Habría que ver si la presente jerarquía de duros al frente del régimen permitirían que las supuestas nuevas cooperativas urbanas se desarrollen sin los asfixiantes controles y dirigismos estatales, incluidos pesados gravámenes, carencia de fuentes para obtener legal y libremente materias primas, etc. Pero nada apunta hasta el momento a una genuina liberalización económica que genere un significativo aumento de capacidades adquisitivas y de consumo de la mayoría de los cubanos.
En cuanto a las avisadas “reubicaciones” o la “reorientación” laboral para reducir “plantillas”, no habrá esta vez subsidios a desempleados, “interruptos” o como se les quiera llamar. Sin embargo, hasta ahora no hay sector formal o informal alguno en la economía del régimen, con dinamismos o comportamientos capaces de asimilar los excedentes de trabajadores estatales en las cifras que se declaran de por ejemplo, medio millón para empezar en pocos meses, por más gradualidad que pretendan imprimirle al ajuste.
Grosso modo se pueden esperar dos escenarios: a) estas políticas se atascan por impracticables en toda su extensión; b) sobreviene un período de creciente inquietud y volatilidad social y de seguir avanzando, el duro ajuste pudiera abrirse hacia un sinfín de contradicciones, desajustes e imprevisibles conflictos internos.
En el mejor de los casos, el segundo escenario pudiera solo conjurarse con la aplicación de una secuencia coherente de reformas económicas, que en últimas conduzcan a cambios en la esfera política. Probablemente en la marcha de la realización del ajuste, bajo considerables presiones emergentes, los integrantes de la cúpula del castrismo se vieran colocados ante la disyuntiva de inevitablemente adoptar medidas de mayor potencial liberalizador, dictadas por la sensatez, aunque política e ideológicamente indeseables según las visiones oficiales.
Lamentablemente, atendiendo a los antecedentes y experiencia, así como las más recientes declaraciones de los jefes de la dictadura, los históricos en la actual cúpula de poder no disponen de voluntad política alguna para aceptar una apertura real, cualesquiera fueren las circunstancias. Y no se pierda de vista que de acuerdo con reportes sobre las maniobras militares en medios estatales cubanos y según se ha podido confirmar por distintas vías, de forma apurada el régimen ha estado entrenando más unidades especializadas en la represión de masas y como tropas de choque desde el 2009.
En conclusión, la implantación de duras medidas de ajuste estructural tomando como eje la drástica reducción del consumo de la población, combinadas con extensivos mecanismos de represión social y selectiva, es el verdadero “nuevo” modelo económico del castrismo. Políticas que como ha sido apuntado por estudiosos del tema, parcialmente empezarán a asomar ya en pleno “período especial” bajo el poderoso influjo de los tecnócratas de las FAR y aun en medio de limitadas medidas liberalizadoras, a mediados de los 90.
Contradictoriamente, la contrarreforma de la segunda mitad de esa década que continuará en toda la primera parte de los 2000 encabezada por el propio Fidel Castro, inspirada en sus confusas visiones feudalizantes de comunismo de mando central, impuso una pausa en la implantación del modelo antes mencionado. Retomado ahora por la dirección gubernamental como “nuevo” patrón de explotación social, este, salvo excepciones, debe basarse en la marginalización económica y política práctica, del grueso de los ciudadanos cubanos. La acumulación de riquezas sería casi exclusivamente privilegio de una nueva clase de guardias “administradores” y funcionarios de primer nivel, además de gerentes de las principales corporaciones del mismo régimen, quienes en su conjunto controlan ya los sectores más dinámicos de la maltrecha economía nacional.
Un patrón que consolidaría la alianza de la cúpula de poder castrista, con inversionistas extranjeros escogidos, tanto gubernamentales como privados. Modelo solo posible, a través de la activación y extensión de distintas fórmulas y mecanismos de represión social y selectiva. En últimas, la persecución en curso de llamados corruptos aun en ciertos niveles gubernamentales o del Estado, garantizaría la tendencia a la concentración y el control de los recursos y medios económicos, de las riquezas fundamentales del país, en manos de un reducido grupo de “bendecidos” allegados a los hermanos Castro y el núcleo militar y político de su dictadura.
Paradójicamente, esas mismas políticas pueden acelerar el desgaste de la dictadura totalitaria. Pueden ahondar más la crisis social y por consiguiente, detonar un generalizado comportamiento anómico en la población, así como puntuales manifestaciones de caos social. Un escenario que no necesariamente tendría que ocurrir de forma repentina, pero que pudiera empezar a ganar paulatino terreno en los próximos meses.
*El autor es analista político residente en Miami.
Tomado de Diario Las Americas
